INTAG responde a las acusaciones vertidas por el Presidente

En rueda de prensa realizada en la mañana del miércoles 2 de octubre en el Centro Martín Pescador, en la ciudad de Quito, varios representantes llegados de diversas comunidades de Intag –dirigentes sociales, comuneros, voceras de organizaciones de mujeres y miembros de micro emprendimientos comunitarios- hicieron público sus posicionamientos críticos respecto a la intención gubernamental de proceder con la minería a gran escala en esta localidad.

 

Según Pérez, el presidente Correa denunció, el pasado sábado, la presencia de cuatro extranjeros como activistas antimineros en el Intag para desacreditar la lucha de los moradores contra este proyecto extractivista. “Estos ciudadanos extranjeros que fueron señalados por el Presidente de la República como activistas contra la minería, no son más que observadores internacionales de Derechos Humanos que están coordinados con organizaciones tan serías como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador”. Pérez recordó como el Intag ya sufrió la presencia de grupos paramilitares contratados por transnacionales mineras, justificando la necesidad de estos observadores con el fin de que dichos sucesos nunca más se repitan.

Representantes sociales llegados de diversas comunidades el Intag, denunciaron también durante el acto que el Gobierno no dice toda la verdad, que la ENAMI tiene un acuerdo con CODELCO para la explotación del proyecto minero Pacto-Junín, y que ellos no son oposición ni al desarrollo ni a ningún partido político, que su lucha está basada sobre la defensa de su territorio y que la intervención de transnacionales mineras en el Intag debería ser considerado como una involución social y ambiental, en lugar de una herramienta para el desarrollo.

En ese sentido se manifestó también Silvia Ruíz (presidenta de la Comunidad del Rosal), quien indicó que los proyectos económicos emprendidos desde las
comunidades son la base para el desarrollo de la región y no la minería. “La mayoría de los habitantes de Intag rechazamos la actividad minera”, señaló la líder comunitaria.

Según Javier Ramírez, presidente de la Comunidad de Junín –compuesta por unas 45 familias-, “esta lucha comenzó en 1995 y lamentablemente seguirá en el tiempo dado los intereses mineros en la zona”. Ramírez denunció a su vez, como la actividad minera había causado contaminación en ríos y quebradas, no habiendo hecho nada cada uno de los gobiernos de turno por descontaminar la zona.

Moradores como Silvia Pillaco, manifestaban su indignación por la pretensiones extractivistas del actual gobierno, al que según indican, apoyaron electoralmente en distintos momentos. Pillaco hacía memoria de pasadas campañas electorales: “ahora se olvidan de mi sector, cuando nos visitaron para pedirnos nuestro apoyo, nos decían que esta tierra era un paraíso y que somos el pulmón de la zona”.

Si los procesos de consulta no se realizan adecuadamente se está incumpliendo la Constitución, era el mensaje que transmitió Jorge Guayamira, comunero de Cerro Pelado. De igual manera piensa José Cordón, de la Comuna San José de Magdalena, quien añadía que en su comunidad tienen varias empresas de megaproyectos operando, “somos conscientes del impacto de sus actividades, así como de los incumplimientos sobre las cosas que a priori nos prometen”.

Las alternativas económicas para el Intag pasan por el desarrollo de sus iniciativas comunitarias, es el pensamiento generalizado de los voceros que llegaron a Quito. “Se está poniendo en marcha las iniciativas indicadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se realizó para la zona, son iniciativas económicas no extractivistas”, manifestaba en este sentido Irma Torosina, presidenta de la Asamblea Unidad de Cotacachi.
“En Intag llevamos desde la década de los noventa en resistencia luchando por la vida y 

 Entre 1992 y 1997 se elaboró el proyecto minero en el Intag, desde entonces las comunidades de la zona han venido manteniendo una “lucha legítima” por mantener el territorio fuera del impacto que genera la megaminería, indicaban diversos vecinos de las seis comunidades implicadas durante el transcurso de la rueda de prensa