Hoy viernes 24 de agosto, fuerza pública ha realizado dos incursiones aparentemente descordinadas entre si hacia la comunidad de Junín en la zona de Intag. Por la mañana un piquete de 18 policías en su mayoría vestidos de civil y portando armamento, ingresaron en 3 camionetas y una buseta hacia Junín, apoyados por el helicóptero de la policía nacional que sobrevoló la zona de Intag durante gran parte de la mañana. Desde Junín partieron a pie hacia el sector conocido como el "ex campamento", justo en el área del yacimiento de cobre descubierto hace 15 años por la misión japonesa. Ahí fueron interceptados por unos 20 pobladores, quienes pese a estar en plenas labores agrícolas, lograron reunirse y a tiempo ubicar el lugar donde se encontraban los policías. El grupo armado estaba encabezado por el fiscal Granda de la provincia de Imbabura, quien decía tener una orden de allanamiento que nunca mostró y que respondía a una supuesta denuncia de que en ese lugar existirían cultivos ilícitos. También indicó que el apoyo aéreo se debía una probable presencia de las FARC... ante estas ridículas justificaciones, la población exigió el inmediato retiro de los policías, quienes pretendían quedarse en el lugar y para lo cual había llevado mochilas con bastante contenido, además de machetes, linternas, bolsas de dormir y otros equipos de montaña. Ante la presión de los pobladores los policías terminaron por retirarse y a eso de las 13h00 abandonaron la comunidad en sus vehículos.
Pero ahí no termina la delicada situación. A las 17h00 un vehículo militar transportando 9 efectivos de uniforme y armados ingresaron nuevamente a la comunidad. En esta ocasión más de 80 personas salieron al encuentro. Los militares esta vez decían responder a una orden de investigar la presencia de gente armada y uniformada en esta comunidad (probablemnte aludiendo al grupo policial que ingresó en la mañana). Como la noche empezó a caer sobre la comunidad, los militares pretendían armar un campamento y pernoctar ahí. La indignación de la gente creció y esta vez ya por la fuerza la comunidad retiró los equipos de los militares de la plaza y les exigió el retiro inmediato del lugar. Los militares ante el creciente malestar aceptaron retirarse y se dirigieron a la parroquia García Moreno, donde permanecen esta noche. Han amenazado de volver a Junín el día de mañana.
Hay que recordador que hace poco mas de un año se dio la primera incursión militar en esta comunidad. En aquella ocasión los militares, que también se dirigieron el sector del ex campamento, decían estar tomando puntos GPS para corregir mapas. Luego se retractaron al comprobarse que pertenecían al batallón Yaguachi de Ibarra y no al IGM y dijeron varias y contradictorias versiones sobre su presencia en la zona como control de motos, abigeo, patrulla de rutina, etc.
No es coincidencia que nuevamente regrese la fuerza pública a este lugar, justo a los pocos días de que la ENAMI EP tuviera un tropiezo innegable en su afán de arrancar el proyecto de exploración de esta concesión que está en manos de CODELCO. Los pobladores de Intag vemos que una vez más un gobierno de turno utiliza los recursos del Estado para favorecer a una empresa minera extranjera. Lamentablemente se repite la historia, ahora con otros actores y medios, pero en el fondo, el mismo espíritu voraz de hechar mano de los recursos naturales para engordar las arcas del gobierno central, a costa de la vida de las poblaciones rurales.
Estaremos dando seguimiento a esta situación y presentaremos evidencias de esta nueva agresión.
Exigimos desde este espacio una respuesta a las autoridades provinicales y nacionales. Al Sr. Ministro de Interior, quien alguna vez fuera abogado de estas comunidades, le preguntamos públicamente cual es su rol en esta agresión a la paz y los derechos de una comunidad que no ha sido consultada sobre este proyecto minero. A la gobernadora de Imbabura, que ejerce la autoridad sobre la fuerza pública provincial, que explique cuales son las motivaciones de este atropello. Lamentablemente el cantón Cotacachi no tiene un alcalde a la altura de las circunstancias y no esta en capacidad de representar a su población.
Una vez mas indicamos a la opinión pública, al gobierno y sus funcionarios, a la empresa extranjera CODELCO, que los pobladores de Intag exigiremos de pie que se respeten nuestros derechos, el modelo de vida que estamos en consenso construyendo y advertimos que la pretensión irresponsable de generar un escenario de caos social traerá consecuencias inconvenientes para la provincia y los gobernantes.
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